Desde el Cono Sur piden a Europa que flexibilice normas

Durante la reunión del Consejo Agropecuario del Sur (CAS), Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay emitieron una Declaración solicitando a la Comisión Europea postergar la implementación del Reglamento (UE) 2023/1115 previsto para el 30 de diciembre 2024.

El encuentro permitió el intercambio entre los países de la región sobre los diversos temas de interés común, destacándose en la agenda el tratamiento de la implementación del Reglamento (UE) 2023/1115 de cadenas libres de deforestación. En particular, en una declaración conjunta que será presentada formalmente mediante nota dirigida a la Comisión Europea, los representantes expresaron su preocupación en cuanto al impacto negativo que este reglamento pueda tener en el comercio internacional y manifestaron dudas en cuanto su compatibilidad con las obligaciones ante la Organización Mundial de Comercio. En este sentido, resaltaron el liderazgo de la región en la adopción de buenas prácticas de producción agrícola y tecnologías para mejorar la producción agroindustrial. Señalaron que los problemas globales requieren soluciones globales, no existiendo soluciones únicas, para lo cual es fundamental fortalecer el multilateralismo y la cooperación internacional, donde cualquier medida debe basarse en fundamentos científicos sólidos y adaptarse a las realidades locales en el marco de las legislaciones nacionales.

Por su parte, el secretario y presidente pro tempore del CAS, Sergio Iraeta, señaló: “la Declaración solicita a la Comisión Europea postergar la implementación de la normativa prevista para el 30 de diciembre de este año, entendiendo que constituye una barrera para el acceso al mercado europeo, agravado por la importante falta de precisiones aún existente en el proceso de implementación y que viene generando una alta incertidumbre en el comercio internacional”.

Los ministros reiteraron la disposición de los países del CAS de trabajar en forma conjunta y entablar un diálogo real y efectivo con la UE para encontrar mecanismos que permitan cumplir con el importante objetivo de reducir la deforestación y la degradación forestal, atendiendo las realidades y capacidades locales, así como la legislación nacional.