Ninguno de los acreedores de la concursada Vicentín SAIC pertenecientes a la cadena de valor agroindustrial se manifestó a favor del proyecto de expropiación de la firma diseñado por el gobierno kirchnerista.
La deuda correspondiente a la venta de granos, comprendida en el concurso preventivo que lleva adelante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito Civil y Comercial de la ciudad de Reconquista (Santa Fe) a cargo de Fabián Silvano Lorenzini, representa un 25,8% del total de la deuda de 99.345 millones de pesos argentinos.
La mayor parte de la deuda por venta de granos comprendida en el concurso de Vicentín SAIC corresponde a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) con 4929 millones de pesos, seguida por Commodites S.A. del grupo rosarino Grassi con 2786 M/$, Cereales DEC S.A. del cordobés Grupo Depetris con 1348 M/$ y Unión Agrícola de Avellaneda Coop. Ltda con 1011 M/$.
Además de ACA y Unión Agrícola de Avellaneda, otras 97 entidades cooperativas resultaron afectadas, de manera tal que el perjuicio del default comercial del grupo Vicentín alcanzó a 99 organizaciones cooperativas por una suma total de 8046 millones de pesos.
Carlos Iannizzotto, presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), si bien inicialmente se mostró a favor de la expropiación del grupo Vicentín, luego reculó para asegurar que “el Estado no está en condiciones, en esta situación de colapso, de llevar adelante un proceso productivo ni de saneamiento”.
Otro de los sectores más perjudicados por el default de Vicentín SAIC son los acopios y «correacopios», entre los cuales, además de los grupos Grassi y Depetris, figuran Villarrica SRL (Corredora Pampeana) con 598 millones de pesos, Morel Vulliez S.A con 520 M/$, Sucesores de Atilio Carinelli con 381 M/$, Agronegocios Jewell SRL (Roagro) con 340 M/$, Trocello Santiago Dugan SRL con 304 M/$, Tomás Hnos y Cía S.A. con 243 M/$, Riboldi S.A. (Rigran) con 226 M/$, GYT Plus S.A./Guardatti Torti S.A (en concurso preventivo) con 224 M/$, Cía de Insumos y Granos S.A. (Cigra) con 189 M/$, Buratovich Hnos S.A. con 177 M/$ y José Constantini S.A. con 150 M/$, entre muchos otros.
La Federación de Acopiadores de Cereales, por medio de un comunicado, si bien consideró “positiva la apertura de una instancia de diálogo entre la empresa Vicentín SAIC y el gobierno nacional”, remarcó que no es necesario “recurrir a medidas extremas que perjudicarán al erario público y sobre todo la imagen del país”.
La entidad acopiadora señaló que la intervención oficial de la empresa concursada es una “circunstancia fundamental para la adopción de las mejores soluciones orientadas a la producción, a sostener las fuerzas del trabajo y el cumplimiento de las obligaciones comerciales; todo esto sin repetir errores del pasado reciente y tampoco llegar a situaciones inapropiadas como sería la expropiación”.
El tercer sector golpeado por el default de Vicentín es el que comercializaba a través de la compañía ahora concursada los granos recibidos por canjes de fertilizantes, agroquímicos, semillas, combustibles y maquinaria, entre otros rubros.
En esa lista aparecen las firmas Cargill SACI con una deuda de 210 millones de pesos, Agro Matorrales S.A con 196 M/$, Colombo y Magliano S.A (empresa de servicios ganaderos que cuenta además con un unidad de canje de granos por insumos) con 129 M/$, Profertil con 96 M/$, Grupo Agroempresa (Agroempresa Colón SRL y Agroempresa Semillas S.A.) con 89 M/$, Agrosur S.A. (concesionario de maquinaria agrícola) con 79 M/$, Cerros Servicios Agrícolas S.A. con 62 M/$, Nidera Seeds Argentina con 53 M/$, Alianza Semillas S.A. (ALZ-Agro) con 22 M/$, Atanor con 20 M/$, Bunge Argentina y Syngenta Argentina con 19 M/$, Yara Argentina, Agrefert.Ar S.A. y FMC Química S.A. con 16 M/$, entre otros.
Mientras que la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (Ciafa) y la Asociación Semilleros Argentinos (ASA) aún no se pronunciaron oficialmente al respecto, las autoridades de la Federación de Distribuidores de Insumos Agropecuarios (FeDIA) manifestaron que “la libertad individual y de organización de una empresa privada siempre debe prevalecer y ser honrada en las decisiones de un Estado democrático”.
“Concretar esta iniciativa estatista –indicó FeDIA en referencia al proyecto kirchnerista para expropiar Vicentín SAIC– sólo generará más desconfianza en un sector que ya no tolera más incertidumbre, además de dañar la imagen de la Argentina en el mundo”.
El último grupo de afectados por Vicentín es el más numeroso: se trata de los pequeños, mediados y grandes productores agrícolas que, en su mayor parte, entregaron granos a la empresa en la condición “a fijar”, mientras que una porción minoritaria vendió granos a Vicentín apenas unos días antes de que la firma se declarase en cesación de pagos.
Entre las empresas agrícolas más afectadas por el default de Vicentín SAIC aparecen Vanfla S.A. con 80 millones de pesos, Ganadera Limay S.A. con 46 M/$, Manisur S.A. con 40 M/$, Estancia Las Corzuelas SAAGCEI con 39 M/$, Jala La Juanita S.A. con 37 M/$, María Elena Barotto con 32 M/$, Elorza Marcelo y Elorza José M. con 30 M/$ y Ganagro S.A. con 29 M/$, entre otros.
En ese sentido, las autoridades de Confederaciones Rurales (CRA), Sociedad Rural Argentina (SRA) y Federación Agraria (FAA), representantes de los productores agropecuarios, rechazaron la iniciativa del gobierno kirchnerista de intervención del grupo Vicentín con el propósito de expropiarlo.
En el listado de deudores del concurso preventivo de Vicentín SAIC (que puede verse completo aquí) aparece además la Fundación de Asistencia San Luis Orione con 15 millones de pesos.
Fuente: Valor Soja