Las lluvias que cayeron en diversos puntos del país y las temperaturas que ascendieron fueron el combo que impulsaron a las primeras sembradoras cargadas con maíz a salir al campo. Ello fue el puntapié inicial para la campaña gruesa 2020/21.
Un ciclo que comienza a tiempo, pero un año atrasado en el aspecto tecnológico. Según advierten desde el sector semillero, hay muchas bolsas cargadas con nuevos materiales del cereal y también de soja que no salieron al mercado debido al atraso que muestra el Gobierno en la inscripción de variedades y en los procesos de aprobación de nuevos eventos en organismos vegetales genéticamente modificados (OVGM).
A nadie escapa que la pandemia del Covid-19 y las medidas de aislamiento social significaron un problema para el funcionamiento de las dependencias del Estado. Pero el agro fue considerado desde un inicio como un servicio esencial que nunca frenó. De allí que las empresas advierten que la salud de la biotecnología se está viendo más afectada por la burocracia que por los efectos del coronavirus.
El primer síntoma negativo fue la tardanza del Gobierno para definir el nuevo organigrama del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca: recién con 2020, en etapa avanzada, se conoció quién estaría a cargo de la Dirección de Biotecnología: la experta proveniente del Inta, Dalia Lewi.
Pero en agosto, el Ministerio que conduce Luis Basterra volvió a modificar su organigrama, creando una nueva Dirección Nacional de Bioeconomía que dentro de su rango de acción tiene dos oficinas de coordinación: una de bioenergía y la otra de biotecnología. En la primera, ya fue designada la persona a cargo; en la segunda, todavía no.
“El resultado de más instancias burocráticas es que no hay aprobaciones de eventos, ni firma de expedientes, ni siembras de ensayos a campo de materiales regulados para hacer los testeos. Ni siquiera sabemos por dónde iniciar los trámites. Se crean estructuras, pero sin gente a cargo; el tiempo pasa y la misión fracasa”, lamentó una fuente de la industria semillera.
Un paso atrás
El dato es que en 10 meses de gestión, el Gobierno no ha autorizado el uso comercial de ningún OVGM nuevo. Y eso no es porque no haya presentaciones, ya que hay varios expedientes en espera tanto de transgénicos como de semillas con edición génica. Este presente contrasta con la gestión anterior, que autorizó 26 eventos en cuatro años, el 42 por ciento de los 61 aprobados desde 1996 por la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia).
En paralelo, se venció el mandato de las autoridades que componen la Comisión Nacional de Semillas (Conase), un organismo clave, porque es el que asesora al Instituto Nacional de Semillas (Inase) en lo que es evaluación de inscripción de variedades, títulos de propiedad y sanciones. La nueva composición de la Conase aún no se ha formalizado y eso también demora los procesos.
“Es una pena. Hay semilla producida, lista para salir al mercado y cada desarrollo nuevo se supone que es mejor que lo disponible. Pero hay que ponerle el rótulo del Inase y hoy no se puede”, continuó el vocero consultado.
Todo esto ocurre en medio de las múltiples presentaciones que está realizando el Consejo Agroindustrial Argentino ante autoridades nacionales y provinciales de su plan para elevar 50 por ciento las exportaciones nacionales. Un objetivo que podría ser inalcanzable si no se agiliza la disponibilidad de tecnología que permita elevar los techos de rendimientos.
Fuente: AgroVoz